Tasa Red Vial: La Justicia exige transparencia al Municipio de Rojas

Por Redacción Extra Digital El Juzgado en lo Contenci...

Por Redacción Extra Digital

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín ha emitido un fallo significativo que obliga a la Municipalidad de Rojas a rendir cuentas sobre la recaudación y el destino de las tasas agropecuarias, con un plazo de 45 días para presentar la información
detallada. Esta medida judicial surge como respuesta a un recurso de amparo presentado por entidades como la Sociedad Rural de Rojas, la filial local de la Federación Agraria Argentina y Coninagro, luego de que el municipio no diera curso a reiterados pedidos de
acceso a la información pública.
El núcleo del reclamo radica en la necesidad de conocer el volumen exacto de recursos que ingresan a las arcas municipales en concepto de tasas como la de conservación de la red vial, seguridad e higiene, y control de marcas y señales. Los productores agropecuarios buscan establecer si existe una verdadera correspondencia entre los montos recaudados y la prestación efectiva de los servicios que estas tasas deben financiar. En un distrito con aproximadamente 1.200 kilómetros de caminos de tierra, el estado de esta infraestructura es vital para la logística agropecuaria, y la presunción de que los fondos se desvían hacia otros fines ha motorizado este reclamo histórico.

Precedentes en otros Distritos Bonaerenses

El fallo en Rojas no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto de creciente judicialización de los conflictos por las tasas viales en toda la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, diversos juzgados han comenzado a establecer límites al cobro de tributos municipales cuando no se constata una contraprestación real del servicio.
Un precedente clave se registró en marzo de este año en Daireaux, donde un juzgado de Trenque Lauquen declaró nulo el cobro de la tasa vial tras comprobarse que el municipio no había prestado el servicio de mantenimiento de manera adecuada durante los años
2022 y 2023. La sentencia determinó que el cobro pierde su sustento jurídico si el servicio no se presta efectivamente, obligando al municipio a devolver lo cobrado a los productores demandantes. Este fallo estableció que la existencia del servicio no puede ser una
«presunción abstracta», sino que debe demostrarse concretamente.

En abril de 2026, la Justicia también hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por productores en el partido de Azul. Al igual que en Rojas, la administración local fue intimada a informar en un plazo de 45 días sobre los costos, las obras ejecutadas y los datos generales relativos al mantenimiento de la red vial. En este distrito, la controversia se había exacerbado tras la implementación de un tributo que exigía el pago equivalente a un litro de gasoil por hectárea mensual, lo que movilizó a los sectores rurales a exigir mayores niveles de control sobre el uso de los fondos.

Implicancias y Reclamos del Sector Agropecuario

La acumulación de fallos judiciales favorables a las entidades rurales ha generado preocupación en las administraciones municipales, ante la amenaza que esto representa para su recaudación. Sin embargo, desde el sector productivo aclaran que el objetivo principal no es la evasión del pago, sino garantizar la existencia de caminos transitables que permitan el traslado de la producción, el acceso a las escuelas y la conectividad de los establecimientos rurales. «El productor no quiere no pagar. Lo que quiere es pagar, pero tener caminos.
Porque si no tengo caminos, ¿de qué me sirve no pagar la tasa si tampoco puedo sacar la producción?»
Frente a esta problemática, organizaciones como CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) impulsan un cambio de paradigma en la gestión de los recursos. El reclamo central apunta a dotar a las sociedades rurales de potestades para fiscalizar y supervisar el destino de los fondos recaudados. Asimismo, proponen la conformación de consorcios donde los propios productores tengan
participación directa en la administración de los recursos destinados a la red vial, un modelo que, según argumentan, ha demostrado ser exitoso en otras jurisdicciones al garantizar la operatividad de los caminos y prevenir la judicialización de los conflictos
tributarios.