Raúl Castro acusado: 30 años después, la Justicia llama a la puerta

  El miércoles 20 de mayo de 2026 —fecha que los cubanos asocian al aniversario de su indepen...

El miércoles 20 de mayo de 2026 —fecha que los cubanos asocian al aniversario de su independencia— el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacudió al mundo con una acusación formal sin precedentes: Raúl Castro, de 94 años, ex ministro de las Fuerzas Armadas y ex presidente de Cuba, fue imputado por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos fueron presentados ante la corte federal del Distrito Sur de Florida.
El caso remite al 24 de febrero de 1996, cuando cazas militares cubanos derribaron dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, matando a cuatro pilotos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Washington sostiene que Castro, entonces al mando de las Fuerzas Armadas, ordenó personalmente el ataque.
El anuncio fue realizado por el fiscal general interino Todd Blanche desde la histórica Torre de la Libertad de Miami, símbolo de la comunidad cubana en el exilio, ante los aplausos de congresistas y familiares de las víctimas. «Por primera vez en casi 70 años, el liderazgo superior del régimen cubano ha sido acusado en este país por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses», afirmó Blanche. Una orden de arresto fue dictada contra Castro.
Junto a Castro fueron acusados otros dos ex funcionarios militares cubanos. Uno de ellos, González-Pardo Rodríguez, ya se encontraba bajo custodia en Estados Unidos. La congressista Nicole Malliotakis advirtió que la imputación es apenas el «primer paso», dado que los crímenes de Castro «van más allá» del episodio de 1996.
La acusación se produjo días después de que la administración Trump impusiera nuevas sanciones a Cuba e incluyera entre los blancos a la agencia de inteligencia del régimen. También siguió a una visita —reconocida públicamente por La Habana— del director de la CIA, John Ratcliffe, a la isla a mediados de mayo, en el marco de tensas negociaciones entre ambos gobiernos.

Cuba dice que está dispuesta a negociar, pero con condiciones

La respuesta del gobierno cubano ante la imputación fue inmediata y previsible. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó los cargos como «una acción política, sin ningún basamento jurídico», y los presentó como un pretexto para justificar una posible agresión militar contra la isla. El propio presidente Donald Trump descartó esa posibilidad durante la tarde del miércoles, despejando —al menos por ahora— el temor a una escalada armada.
Pero la crisis diplomática convive con señales ambiguas desde La Habana. El mismo día de la acusación, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, declaró al New York Times que Cuba está dispuesta a negociar «todo» con Washington «sin temas tabú», en la primera entrevista concedida por un funcionario cubano en ejercicio a ese medio en años. La declaración choca frontalmente con lo que Díaz-Canel había sostenido apenas semanas antes —llegó a repetir dos veces «no hay negociación»— y revela las fisuras internas del régimen frente a una presión sin precedentes.
La postura oficial que prevalece es la de un diálogo posible pero acotado: «Cuba está dispuesta a hablar de cualquier tema, con condiciones: sin presiones, sin precondicioamiento, en una posición de iguales y de respeto a nuestra soberanía», resumió Díaz-Canel en conferencia de prensa. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, fue más preciso: La Habana no está dispuesta a discutir cambios en su sistema político ni constitucional.

GAESA: el conglomerado hermético que controla la economía cubana

En simultáneo con la imputación a Castro, el secretario de Estado Marco Rubio apuntó contra el corazón económico del régimen: el Grupo de Administración Empresarial S.A. —conocido como GAESA—, el conglomerado militar fundado por el propio Raúl Castro hace tres décadas. Rubio anunció nuevas sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Trump, apuntando a lo que Washington identifica como la principal fuente de financiamiento de la élite castrista.

GAESA no es una empresa más. Creada a fines de los años 90 como una corporación menor del sector turístico, se transformó durante la presidencia de Raúl Castro —desde 2008— en un holding militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla. Su expansión fue metódica: en 2010 se apoderó de CIMEX, el mayor conglomerado empresarial del país; luego absorbió ETECSA, el único proveedor legal de telecomunicaciones. Hoy domina el turismo, las remesas, el mercado dolarizado, el sector inmobiliario y una parte significativa del comercio exterior.

El economista cubano Pavel Vidal advirtió que la presencia de GAESA atraviesa «casi todos los sectores» de la economía y volvió riesgoso cualquier vínculo comercial con empresas relacionadas al grupo. La señal más elocuente llegó desde Canadá: la empresa minera Sherritt International anunció la suspensión inmediata de su participación directa en Cuba, interpretada como un signo del creciente aislamiento económico que enfrenta La Habana.
Para el analista Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, lo que hizo GAESA es cualitativamente distinto a la confiscación revolucionaria original: «En los primeros años, Fidel confiscó empresas extranjeras y cubanas. Ahora, 60 años después, lo que hace este grupo es robarle al Estado, apoderándose de empresas y recursos sin ninguna supervisión». Lo llama, sin eufemismos, un «Estado mafioso».

Cuba a oscuras

Mientras la diplomacia y el derecho penal internacional copan los titulares, la realidad cotidiana de los cubanos es otra: apagones que llegan a las 22 horas diarias, escasez de combustible, hospitales sin energía, calles vacías y un mercado negro que es, para muchos, la única economía real. La crisis energética, agravada desde enero de 2026 por el endurecimiento del bloqueo estadounidense que limitó severamente las importaciones de petróleo, colapsó un sistema eléctrico que ya era precario.

En febrero, un incendio en una planta clave de procesamiento de combustibles en La Habana empeoró aún más el cuadro. Desde enero, Cuba habría recibido apenas un barco de crudo ruso —el Anatoli Kolodkin, con 100.000 toneladas—, mientras su producción interna apenas cubre el 40% de la demanda. El gobierno de Díaz-Canel denunció una situación de «asfixia energética» que afecta hospitales, transporte y servicios básicos, y alertó que más de 32.000 embarazadas y 61.000 recién nacidos están en riesgo.
La narrativa oficial del régimen atribuye el desastre al bloqueo estadounidense. Pero voces internas lo contradicen. Un residente de La Habana entrevistado por ABC News —rompiendo el miedo habitual— fue categórico: «El problema aquí es el gobierno». Rubio, por su parte, señaló en un video en español dirigido directamente al pueblo cubano que la verdadera razón de la crisis es el saqueo de GAESA: «quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada se ha usado para ayudar al pueblo».
El contexto es, en todos los sentidos, de oscuridad. Cuba enfrenta hoy una tormenta simultánea: una acusación penal histórica contra su ex líder, sanciones que apuntan al núcleo económico del régimen, una crisis humanitaria en ciernes y un gobierno que oscila entre la intransigencia y la negociación. El destino de la isla, en las próximas semanas, puede depender de cuál de esas dos caras prevalezca.