Polémico fallo en el juicio por agroaplicaciones en Pergamino

El Tribunal Oral Federal Número Dos de Rosario condenó a dos exfuncionar...

El Tribunal Oral Federal Número Dos de Rosario condenó a dos exfuncionarios municipales de la localidad bonaerense de Pergamino por no controlar el uso de agroquímicos, pero absolvió a los siete productores agropecuarios y aplicadores que se encontraban imputados por contaminar el entorno rural y periurbano. La decisión, polémica, de los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario reconoció formalmente que los productos fitosanitarios causan daños severos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Sin embargo, el tribunal argumentó que el umbral de pruebas exigido por el derecho penal no fue superado para demostrar de manera indubitable la responsabilidad directa de los agricultores juzgados, aplicando así el principio jurídico del beneficio de la duda. Los jueces admitieron que «no hay dudas que los productos fitosanitarios contaminan y generan daños en la salud de las personas y el ambiente» y que “no es lo mismo vivir cerca o lejos de los campos donde se usan estos agroquímicos, ”. Pero evaluaron que el delito atribuido a los imputados no fue probado, de acuerdo a las leyes penales vigentes.

La condena recayó de forma exclusiva sobre Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural del municipio de Pergamino. Ambos recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso y el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras determinarse que omitieron sistemáticamente sus deberes de fiscalización y control sobre las pulverizaciones en zonas prohibidas. Adicionalmente, la sentencia ordenó remitir los antecedentes a la fiscalía de San Nicolás para que evalúe si existe responsabilidad penal por parte del propio intendente local, Javier Martínez, y otros cuadros jerárquicos de la administración municipal.
El proceso legal, considerado un caso testigo para la regulación del modelo agroindustrial en la región pampeana, se originó en el año 2018 a raíz de una denuncia impulsada por la vecina Sabrina Ortiz. El expediente recopiló múltiples testimonios e informes médicos que daban cuenta de graves patologías sufridas por los habitantes de los barrios periurbanos entre 2011 y 2019, incluyendo afecciones respiratorias, problemas dermatológicos, casos de cáncer y mutaciones genéticas asociadas a la presencia de agroquímicos en sangre.
Los grupos de vecinos afectados y las organizaciones civiles expresaron su profunda disconformidad con el fallo judicial, al que calificaron como una señal de impunidad para los sectores vinculados al negocio agropecuario. Los equipos legales de las víctimas anticiparon que apelarán la resolución ante las instancias superiores una vez que se presenten los fundamentos completos del veredicto el próximo 10 de agosto, bajo la premisa de que los tribunales deben adoptar un rol más preventivo y precautorio ante las emergencias sanitarias derivadas de la actividad humana.